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MEDIDAS URGENTES CONTRA LA CRISIS ECONÓMICA
El Gobierno de Zapatero ha girado, con más nitidez a la derecha, en este inicio
de legislatura. Desde su propia composición, hasta las medidas de eliminación
y rebaja de impuestos a la elite económica de nuestro país, pasando por el
incremento de las
tarifas eléctricas los privilegios de los grandes
consumidores, la senda elegida en el plano económico es la que más se
distancia con las necesidades reales de la ciudadanía. Izquierda Unida hace
oposición frontal a esta política que sitúa un escenario de superávit
presupuestario para el conjunto de Administraciones Públicas, ante un contexto
de crisis económica, aún cuando el Gobierno se resista a aceptarlo.
Es necesario entender la situación de crisis para abordar decisiones
extraordinarias, con políticas anticíclicas de choque que favorezcan, en lo
inmediato, frenar el impacto de la crisis sobre los trabajadores e impulsar, en el
medio plazo, políticas que favorezcan el desarrollo de un modelo económico y
de crecimiento sostenible, tecnológicamente avanzado, y energéticamente
eficiente y menos dependiente. Buscando, en una pluralidad de actuaciones,
medidas que cumplan con este doble objetivo, minimizar los efectos en la
sociedad, en términos de desempleo y de pérdida de calidad de vida para la
mayoría de los ciudadanos, y cimentar un modelo productivo con mayor
capacidad de estabilidad y redistribución.
Lejos de contener el gasto público, tal como anuncia el Ministro Solbes, IU
considera que lo urgente es comprometer un incremento de la inversión
productiva y un mayor gasto social, garantizando un desarrollo inminente de la
financiación necesaria en el ámbito local y autonómico, con objetivos de déficit
público razonable que garanticen los recursos hoy necesarios para hacer frente
a la crisis que ya cada día se cobra nuevas pérdidas de empleo.
El propio Ministro Solbes ha declarado que la devolución de los 400 euros en el
IRPF (que supone un gasto cercano a los 6.000 millones de euros) es una
medida que se tomó por razones electorales, reconociendo que con ella se
acaban los recursos con los que financiar medidas extraordinarias para hacer
frente a la crisis. ¿Ha agotado el Gobierno su capacidad de maniobra con una
medida cuestionable, electoralista y escasamente redistributiva?
1
El superávit generado en los últimos años está en vías de extinción y es
arriesgado esperar que la devolución fiscal genere un efecto expansivo
suficiente, considerando que nada indica que esos recursos en manos de las
familias se destinen íntegramente al consumo.
¿Qué alternativas tenemos? No hacer nada extraordinario esperando a que
“escampe el temporal” como se pueda, o actuar discrecionalmente a través del
gasto público para sostener la actividad económica y el empleo, y contribuir a
superar los fundamentos de un modelo económico que ya hace tiempo
demostró no ser sostenible. Lo primero es una irresponsabilidad, lo segundo
implicaría aceptar un déficit público razonable, dentro de los requerimientos
europeos que, pensamos, la realidad económica justifica plenamente.
Claro está que todo pasa por reconocer la gravedad de la situación económica.
El elevado endeudamiento de empresas y familias (encarecido por la evolución
de los tipos de interés), el descomunal saldo negativo de la balanza de pagos
(cada vez más costoso de financiar), el incumplimiento de los objetivos
medioambientales, una inflación desbocada y el descontrol de la burbuja
inmobiliaria, ya anticipaban ajustes al crecimiento de la economía, que el
gobierno ha despreciado sitemáticamente. Ajustes cuya intensidad
desconocíamos, pero que se han acelerado con la crisis financiera
internacional y la evolución del precio de las materias primas. Negar hoy la
intensidad de la crisis es negar la realidad. La profunda desaceleración del
crecimiento económico significa que la economía pasará de crecer a ritmos del
4% hasta tasas que no permiten descartar una recesión técnica a corto plazo
(descenso intertrimestral del PIB durante dos trimestres consecutivos). Las
repercusiones negativas sobre el empleo están cantadas y hoy ya contamos
con 318.000 parados más que hace un año. Y esto acompañado con unos
precios que hoy crecen al 4,6% y sobre los que planean sombrías perspectivas
por la escalada del precio del crudo.
Las previsiones de crecimiento del Gobierno no inspiran confianza y esperar a
que todo pase sin más no es admisible. Tras una década y media de
crecimiento económico, donde los beneficios empresariales han batido records
históricos y el salario medio de nuestro país ha decrecido durante toda está
etapa de expansión, hoy no resulta decente hacer recaer los efectos de la crisis
sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
El problema de todo esto es que la intención del Gobierno en la determinación
del techo de gasto público para el año 2009 es evidente. Se plantea, como en
ejercicios anteriores cuando la economía crecía sólidamente, que el gasto
crezca en línea con el PIB nominal. Se quiere transmitir que los Presupuestos
para 2009 serán neutrales (ni expansivos ni restrictivos). Y los Presupuestos
para 2009 no pueden ser neutrales. No ante la crisis y los problemas
económicos y sociales que se derivan de ella. No ante el cambio de ciclo y las
necesidades de nuestra economía en materia social y ambiental.
Creemos que un escenario presupuestario más realista y ajustado al profundo
deterioro económico que hoy se evidencia daría credibilidad y generaría
confianza en la acción del gobierno. Un escenario que podría programar un
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cierto déficit para permitir liberar un esfuerzo superior en materia de gasto
público. Contamos con un endeudamiento público reducido (33% del PIB). En
nuestra opinión hay margen de maniobra.
Con el techo de gasto que pretende el gobierno no se va a realizar un esfuerzo
suficiente en gasto productivo y en gasto social y ambiental (que también es
productivo).
Con los planteamientos del gobierno no se podrán asegurar recursos
suficientes para acelerar el desarrollo de la Ley de Dependencia, universalizar
la educación pública infantil, promocionar parques públicos de viviendas en
alquiler, rehabilitar viviendas y edificios para incorporar energías renovables y
mejorar su eficiencia energética, invertir suficientemente en la red convencional
de ferrocarril, o potenciar las políticas activas de empleo. Son algunos
ejemplos.
Por esto desde IU planteamos un conjunto de actuaciones urgentes para
abordar la situación buscando un impulso económico que haga frente a la
situación económica que un modelo insostenible y fuertemente especulativo
está generando.
1º INCREMENTO DEL GASTO SOCIAL E INCREMENTO DE LOS SALARIOS.
-
-
Garantizar una red de protección para atender a quien pierde el
empleo, especialmente a sectores con especial dificultad.
Ampliación del gasto previsto en la aplicación de la Ley de
Dependencia.
Aceleración de dotación, equipamiento y profesorado para la
generalización de la Educación Infantil de 0- 3 años.
Mejora de las pensiones mínimas.
Mejorar los salarios tanto en el sector público como en el privado.
Introducción de cláusula de revisión salarial para empleados públicos
y su pacto generalizado en los convenios colectivos.
Incremento de recursos públicos en el conjunto de las
administraciones, favoreciendo la cobertura real de las necesidades
en recursos técnicos, administrativos y humanos.
Incremento del Salario Mínimo Interporfesional a 1.100 euros ( el
60% del salario medio, con incremento de 100 euros anuales hasta
final de legislatura.
2º REVALORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
-
-
Ejecución inmediata del Plan Global de Modernización de los
Servicios Públicos de Empleo, comprometido en el diálogo social de
2006.
Atención personalizada a los desempleados con la elaboración de
itinerarios profesionales.
3
-
Creación de un sistema público educativo, formativo y profesional
integral.
Red global de orientadores profesionales.
Creación de nuevos yacimientos de empleo en concierto con los
Ayuntamientos.
Creación de una Agencia Estatal de Migraciones para coordinar las
variables de las distintas realidades.
Desarrollo de planes de movilidad en el ámbito de las CC.AA. y
Ayuntamientos.
Establecimiento de tramos de tarifa en función de la cantidad y la
intensidad del consumo eléctrico.
Instar a la UE para la aplicación de un IVA super reducido para
consumos básicos en familias de rentas modestas.
Moderación en la fijación de precios por los servicios que prestan las
administraciones públicas.
3º IMPULSO EFECTIVO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS,
VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE.
Parque público de vivienda en Alquiler y rehabilitación de viviendas y
edificios para incorporar energías renovables y asegurar una mayor
eficiencia.
- Plan de modernización de la red
convencional ferroviaria y
mantenimiento de la infraestructura viaria de carreteras y
soterramientos necesarios.
- Impulso del transporte de mercancías por ferrocarril.
- Actuación global de depuración y regeneración de ríos.
- Incremento de políticas de mejora del saneamiento de aguas
residuales.
- Regeneración de playas y actuación global sobre la costa.
- Reforestación, limpieza, incremento de acciones preventivas de
incendios.
Adelantamiento de inversiones del PEIT para los años 2008- 2009
mediante partidas especiales.
-
-
4º PACTO POR LA INDUSTRIA Y POR UN MODELO PRODUCTIVO
SOSTENIBLE.
-
Incremento de las inversiones productivas públicas por una industria
sostenible
Creación de partidas especiales para el incremento de la I+ D+ i
pública en sectores de alto valor añadido.
Medidas de fomento del desarrollo de la internacionalización de las
empresas, con nuevas estrategias comerciales, apuesta por la marca
y el diseño de nuevos productos que relancen a sectores económicos
con dificultad.
4
-
Plan especial de impulso de las energías renovables, en especial la
solar.
Desarrollo territorial de la especialización productiva, con localización
de inversiones I+D hacia actividades concretas y la creación de
sistemas locales de investigación e innovación.
5º PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y EL
FRAUDE FISCAL.
-
-
Garantizar mayor nivel de suficiencia actuando globalmente contra la
economía sumergida, el fraude fiscal y el delito financiero.
Incremento de dotaciones,
medios técnicos, profesionales y
humanos para las políticas de Inspección en
empresas de
facturación mayor de 1´8 millones de euros.
Actuación decidida sobre el posible fraude fiscal y la economía
encubierta.
Mantenimiento del Impuesto sobre el Patrimonio.
Creación de un nuevo impuesto destinado a las grandes fortunas y
salarios millonarios.
6º AGILIZACIÓN DEL PACTO DE FINANCIACIÓN LOCAL Y AUTONOMICA.
-
Concertación de Planes especiales de Empleo específicos por
Localidades, Comarcas, Provincias y CCAA.
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