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Transcript
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De la Rúa forma un gabinete de “unidad nacional”:
un viraje inevitable y un futuro incierto
Julio Godio
Director del Instituto del Mundo del Trabajo
marzo 2001
1. Consecuencias políticas del viraje
El Presidente Fernando de la Rúa ha decidido el 20 de marzo dar término a un período de gobierno de la
Alianza y dar inicio a otro que denomina “de unidad nacional”. Se cierra, en medio de una vorágine de hechos
políticos, el ciclo iniciado en diciembre de 1999. Durante este lapso se ha agravado la crisis al entrar la
economía en recesión.
Las relaciones entre el Presidente y los partidos constitutivos de la Alianza —UCR y Frepaso—
han sido en estos catorce meses inestables. Durante este período se registran la renuncia en agosto de 2000 del
vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez (presidente de la coalición Frepaso) y la división del Frepaso (con el
retiro de los partidos PSD, socialdemócrata, y la Democracia Cristiana). La UCR, liderada por Raúl Alfonsín,
mantuvo una posición de soporte al gobierno, pero con momentos de tensiones y actitudes críticas con la Casa
Rosada. De hecho, el gobierno de la Alianza ha sido “de primera minoría”, dado que se encuentra en minoría en
el Senado frente al Partido Justicialista (PJ) y ha necesitado en numerosas ocasiones de los votos de los partidos
provinciales y del partido de Acción por la República (AR) para formar mayoría en la Cámara de Diputados. La
Alianza gobierna en la Ciudad de Buenos Aires, pero las tres provincias principales del país (Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe) son gobernadas por el PJ.
De la Rúa ha simbolizado el gobierno de unidad nacional en la incorporación al nuevo gabinete, como
Ministro de Economía, del Dr. Domingo Cavallo, líder de AR. Ha sido presidente del Banco Central durante la
última dictadura militar, y padre de la reforma económica como Ministro de Economía durante los gobiernos del
PJ presididos por Carlos Saúl Menem, entre 1991 y 1996. La incorporación de Cavallo es algo más que el
símbolo de la apertura del gabinete, dado que este hombre pretende llegar a Presidente de la República,
agrupando tras de sí a un nuevo bloque refundador de la política, que sume sectores de la Alianza, el
peronismo y otras fuerzas políticas, con especial apoyo de grandes empresarios nacionales y extranjeros. Con
la ampliación del gabinete se abre un nuevo curso en la política argentina, en tanto es previsible que el
Presidente De la Rúa intente incorporar al gobierno a sectores del peronismo (ante todo, el menemismo) y
figuras representativas de partidos provinciales y del mundo de los negocios. Sin embargo, el apoyo de Ruckauf
y otros gobernadores peronistas al nuevo gabinete indica que el PJ buscará apuntalar al gobierno, sin por ello
descuidar su perfil de oposición constructiva y libertad de movimientos para mejorar sus posibilidades
electorales en octubre próximo.
La Alianza es hoy sólo un componente del gabinete, aunque sea todavía el principal sostén
partidario del gobierno. De la Rúa, que es un hombre con débiles lazos con su propio partido, la UCR, ha
optado también durante esta crisis por fortalecer su círculo de ministros afines con él —con orígenes radicales no
alfonsinistas (Colombo, Gallo, Delich, Lombardo, Rodríguez Giavarini y Mestre) o con pasos por el peronismo
y el cavallismo (Bullrich)—. La vorágine política en curso no excluye nuevos cambios en el gabinete.
2. Fundamentos económicos y políticos del viraje
¿Por qué ha dado este paso el Presidente? La explicación coyuntural tiene que ver con las necesidades
del gobierno de dar una imagen de decisión política para superar la depresión económica, detener la ola de
huelgas y movilizaciones sociales de desocupados y productores agrarios e impedir una eventual derrota
electoral en las próximas elecciones de renovación de los cuerpos legislativos en octubre. Pero si De la Rúa ha
podido concretar esta operación es porque este país ha cambiado profundamente desde 1983: la democracia de
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partidos y los sistemas de negociación entre ellos, la reforma económica y la reforma constitucional han
abierto un nuevo “clima de época” favorable a establecer coaliciones de gobierno. Al decidirse por el
gobierno “de unidad nacional”, De la Rúa se ha “adelantado” en su concreción a los esbozos de gobierno de
coalición formulados desde 1999 por sectores progresistas de la Alianza, pero no ejecutados. La Alianza ha
carecido de la centralidad política necesaria para conservar su potencial y cristalizar una coalición de progreso.
Sobre esta ausencia y la gravedad de la crisis se instala la decisión presidencial de constituir un nuevo núcleo
político para dar continuidad a la administración actual.
El nuevo ministro de economía —como era previsible— ha aceptado en tanto pueda concentrar un fuerte
poder político. De allí que ha puesto como condición que el Congreso Nacional apruebe la “Ley de
Competitividad” que le otorga súperpoderes. A diferencia del fugaz ministro López Murphy, que desató fuerte
oposición en el interior de la Alianza y en la sociedad por concentrar sus medidas en la reducción del gasto
público, Cavallo se coloca ahora como promotor del crecimiento económico a través de medidas fiscales e
impositivas destinadas a estimular la inversión y provocar un “shock de productividad”. Cavallo demuestra su
flexibilidad adaptativa al aparecer como una especie de neokeynesiano, frente a la ortodoxia monetarista y
aperturista de sus predecesores en el cargo, Machinea y López Murphy.
El proyecto, transformado a toda velocidad por ambas Cámaras en ley, tiene dos partes: una está dirigida
a reactivar la economía a través de fortalecer la capacidad fiscal del Estado (impuesto a las transacciones
financieras, el corazón del Fondo de Emergencia Pública) y a fortalecer el intervencionismo estatal en los
mercados (reducción de derechos de importación a bienes de capital y aumento de derechos de importación
selectivos a productos competitivos con las empresas nacionales). Abarca los artículos 1 al 10. La otra —que
abarca los artículos 11 al 13— incluye un agrupamiento de atribuciones genéricas para reformar al Estado, la
legislación laboral, previsional, de seguridad social y asistencia social. Los diputados han acotado las
atribuciones del Ministro de Economía al establecer que las facultades genéricas no pueden incluir
privatizaciones de empresas públicas, universidades nacionales, entes reguladores de servicios públicos, el
PAMI, la AFIP y la legislación laboral. Sin embargo el Vice Jefe de Gabinete, Armando Caro Figueroa, ha
adelantado que se preparará un proyecto específico de reforma laboral, propuesta que ha realizado al margen de
la actual Ministro de Trabajo, Patricia Bullrich.
Demostrando una vez más su audacia, Cavallo ha insinuado una eventual salida del régimen de paridad
cambiaria peso-dólar que es el núcleo de la Ley de Convertibilidad (1991) que él mismo impulsó para salir de la
hiperinflación. Esa ley fue en su momento la llave maestra para dar seguridades a las inversiones financieras
extranjeras, estimuladas por las privatizaciones de empresas públicas durante la década del noventa. Cavallo ha
reiterado opiniones suyas anteriores de que será posible en un futuro pasar a un régimen de canasta de monedas
y bandas cambiarias. La insinuación del Ministro es importante, porque la salida de la convertibilidad es una
condición para superar las dificultades de la economía argentina para competir en los mercados. Sin embargo, no
es una medida suficiente, porque la economía argentina está aherrojada por otras tres restricciones, a saber: la
deuda externa, la marginalidad del país en los mercados exteriores y la destrucción del aparato
productivo, con el consiguiente desempleo masivo.
Salir de la convertibilidad exige simultáneamente contar con un programa económico global, con
consenso entre los partidos y apoyo popular. Si las medidas que se apliquen bajo la modalidad de decreto de
necesidad y urgencia (salvando las limitaciones de la Ley de Competitividad) se convierten en despidos masivos
de empleados públicos, en mayor peso de la precariedad laboral y en la disminución de la previsión y la
asistencia social, el resultado será un Estado paralizado y un nuevo retroceso en las relaciones laborales
que afectará la productividad y rentabilidad de las empresas. Se necesita reformar al Estado para mejorar la
economía. Se necesita una nueva cultura de las empresa que armonice productividad con humanización del
trabajo y capacitación continua de los trabajadores. En síntesis, es necesario crear las condiciones para
reestructurar el aparato productivo y recuperar la cohesión social. ¿Podrá el nuevo gobierno enfrentar el nuevo
desafío de romper el círculo infernal de la deuda y la depresión? La respuesta a este interrogante es de
naturaleza política.
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3. Las expectativas esperanzadas de la población pueden ser efímeras
El nuevo gabinete, motorizado por Cavallo, ha logrado crear expectativas moderadas en la población.
Esta es consciente de que estamos viviendo una crisis política instalada en un escenario de “golpe de mercado”,
y desea recuperar la estabilidad, pero ahora con crecimiento económico. Persiste el malestar y el
descreimiento. El día 19 han marchado sobre Buenos Aires columnas de desocupados y pobres del Gran Buenos
Aires, un núcleo social explosivo. Los días 20 y 21 de marzo el MTA (o CGT combativa) y la CTA han
provocado huelgas y manifestaciones en sectores de servicios y en la industria. Así, el flamante gabinete se
instala en un contexto de movilizaciones sociales y sindicales que abarca a todo el país, con epicentro hoy en
algunos partidos del Gran Buenos aires. Este territorio de relativa tranquilidad social, controlado por el
peronismo, no ensamblaba hasta hoy con los hechos de resistencia popular producidos en las provincias del
interior. Pero ahora el Gran Buenos Aires se está movilizando y la provincia se está transformando en una
base fuerte de oposición espontánea a los efectos negativos de la depresión sobre el empleo y el nivel de la
población: piqueteros, fogoneros, cortes de ruta, ocupaciones fugaces de municipios, etc., están indicando un
cambio político y cultural en la provincia de Buenos Aires motorizado por las demandas de los antiguos y los
llamados nuevos pobres. Es previsible que durante los próximos meses el clima de pesimismo y desesperanza
genere nuevas formas de protesta social en diversas provincias del país. De modo que el gobierno necesita contar
con éxitos y con suficiente apoyo político para preservar la actual expectativa esperanzada que ha logrado
generar.
4. La cuestión de la reforma política
La necesidad de romper las trabas que impiden el desarrollo económico integrado y sostenido se
superpone a otro fenómeno, de índole político-institucional: la reforma política. En efecto, estamos asistiendo a
un doble movimiento en relación con la reforma política: por un lado, la sociedad reclama una reforma que
limite el poder de políticos ineptos y/o corruptos. La sociedad no piensa homogéneamente sobre las medidas a
tomar: sobre la base de la oposición popular tradicional a “lo político” como patrimonio exclusivo de los
políticos profesionales, en la sociedad se plantean variadas propuestas, entre ellas, la eliminación de listas
sábanas, la consulta periódica a los electores, la disminución de los costos de los políticos profesionales berretas,
la erradicación de la corrupción, etc. Pero montada sobre esta demanda popular de democratización de lo político
(que es una forma elemental de exigir la primacía del principio del gobierno del pueblo sobre el gobierno de los
partidos), existe una propuesta genérica y ambigua de fuerzas de derecha de proceder a una reforma
política con apoyo popular que quiebre la hegemonía actual de los partidos y dé lugar a una nueva
formación política de centro-derecha transversal hegemónica. La reforma política de derecha se concentra en
proponer el voto no obligatorio, instituciones unicamerales, sistema electoral uninominal, etc. Por lo tanto, es
necesario inscribir la nueva etapa política en el contexto de la reforma institucional.
Las corrientes progresistas en los partidos políticos del gobierno y de la oposición no tienen una
propuesta renovadora de la política. Alvarez, por ejemplo, ha motorizado desde el Frepaso la reforma política,
pero todavía en los límites de la transparencia y la anticorrupción. No se plantea una vinculación estrecha entre
reforma política y reforma económica. Duhalde, en el PJ, también se ha manifestado a favor de mejorar la
calidad del funcionamiento de las instituciones. Estas propuestas son insuficientes, por lo tanto, la propuesta de
la derecha puede prender en la población. También encuentra interlocutores en el propio gobierno, entre
dirigentes que desean acotar a la Alianza. Por último, el menemismo también ha insinuado una posición
favorable a la reforma política. Es evidente que urge un acuerdo para una reforma política que consolide la
democracia. Caso contrario, el final del túnel puede ser la emergencia de una forma original, “argentina”, de
fujimorismo, es decir, de realización de una reforma política que establezca una nueva hegemonía de centroderecha con consenso popular, un hecho inédito en la historia argentina.
5. El dilema de la política exterior
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Por último, estamos al borde de una crisis catastrófica en el área de la política internacional de país. En
efecto, la combinación entre la inercia de la línea aplicada por Menem – Di Tella de subordinación completa a
los EE.UU. y las incoherencias en la Alianza, están colocando al país en la falsa opción de optar por el Mercosur
o por el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En efecto, no se trata de optar por una u otra
alternativa. Se trata de fortalecer al Mercosur, que es el primer círculo concéntrico de protección e incorporación
del país a la nueva mundialización de la economía y, simultáneamente, de plantear claramente a los EE.UU. que
una zona de libre comercio debe cumplir con los requisitos de coexistir con el Mercosur y de regular los
acuerdos multibilaterales comerciales para favorecer el desarrollo y la cohesión social en cada país y no para
ahondar la segmentación de los mercados y las sociedades nacionales. Es inaceptable pretender ampliar el
comercio en la región bajo políticas neoliberales. Debemos adoptar una posición común con nuestros socios en
el Mercosur y repotenciar nuestras especiales relaciones con Brasil. Debemos decir que el Mercosur y el
ALCA no son procesos separados en el tiempo sino simultáneos.
6. Repasando la situación en su conjunto: ¿qué significa hoy ser gobierno y ser oposición?
Volvamos al principio del artículo. Una novedosa coalición política se ha constituido bajo el liderazgo
De la Rúa – Cavallo. La Alianza careció de iniciativa para promover otra coalición de progreso y está a la
defensiva. Se abren dos alternativas: la coalición actual se consolida, para lo cual deberá redefinir las metas
económicas, la reforma política y la política internacional según parámetros progresistas o intentar continuar
gobernando al país según los parámetros del FMI y los intereses del capital financiero. En esta segunda opción
se desembocará en una situación de inestabilidad y desórdenes. Para salir de esta crisis urge la constitución de
una nueva coalición progresista que empuje las transformaciones al tiempo que sostenga a la joven democracia
argentina.
La decisión del Presidente De la Rúa de conformar un nuevo gabinete origina complejos problemas a las
fuerzas políticas. Es evidente que de aquí en más el gobierno intentará formar mayorías en las Cámaras de
Diputados y de Senadores del Congreso Nacional a partir de tres patas: la Alianza, AR y menemismo. No será
sencillo mantener la relación actual entre gobierno y los partidos de gobierno de la Alianza. La UCR, que bajo la
presidencia de Raúl Alfonsín había comenzado a practicar un estilo de cooperación con autonomía frente al
gobierno, puede ser sometida desde su interior a presiones contradictorias, esto es, sostener al gobierno o
separarse de él. El Comité Nacional de la UCR reunido el 21 del corriente, bajo la inspiración de Raúl Alfonsín,
ha adoptado la política de sostener al actual gobierno, aunque reafirmando que adoptará posiciones críticas ante
medidas calificadas como conservadoras. La UCR reitera su adhesión a la Carta de los Argentinos. El Frepaso
—hoy debilitado y reducido al Frente Grande y el PSP (socialista)— oscilará entre sostener a De la Rúa y a
Domingo Cavallo preservando su identidad, o profundizar sus diferencias con el gabinete para convertirse en el
núcleo de una nueva oposición. A las fuerzas políticas de la Alianza, la prematura ruptura de la práctica de
cooperación desde instituciones diferentes que se intentó aplicar desde 1999 (gobierno y partidos de gobierno),
les dificulta jugar su rol de sustento del gobierno. Pero es necesario reiterar que hemos llegado a esta situación
porque el mismo gobierno de la Alianza era minoritario. Debe también destacarse que la nueva situación
política ha hecho emerger en el interior de los partidos de la Alianza sectores que desean ser parte de la
administración del Estado y otros que plantean preservar la autonomía frente al gobierno. Esta última división
puede potenciar conflictos de liderazgo, por ejemplo en el interior del Frente Grande, donde es evidente una
colisión de intereses entre Alvarez y su núcleo y el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Aníbal Ibarra.
Se ha abierto una fase de rediseño de la política argentina. En esta nueva etapa preservar la
democracia y el funcionamiento de los poderes del Estado debe ser compatible con la recomposición de un
bloque de progreso que retome los lineamientos programáticos que dieron origen a la Alianza. Este objetivo no
es incompatible con apoyar aquellas medidas del gobierno que permitan mejorar la situación social y económica
del país. Además, ese bloque de progreso es impensable sin la participación del peronismo y sustentado en
un acuerdo entre el Estado y las organizaciones empresarias y sindicales para enfrentar y vencer a las
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fuerzas conservadoras que pretenden conducir al país hacia la consolidación de una economía de libre
mercado y una “sociedad de mercado” con dos tercios de la población excluida.
La coyuntura política actual no es blanca ni negra. Es gris. Esto significa que los escenarios de lucha
se plantean dentro y fuera del gobierno, en un contexto en el cual es necesario garantizar el valor supremo de la
democracia política. Romper el círculo infernal que enchaleca a la economía argentina debe ser parte del
fortalecimiento de la democracia y a ello debe también servir una reforma política de progreso y un
enfoque de la política internacional favorable a la alternativa de un mundo multipolar en la globalización.