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Lunes, 26 de marzo de 2007
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Los vascos inactivos perciben en pensiones,
subsidios y ayudas 6.400 millones al año
Alrededor de 550.000 personas son titulares de alguna prestación económica La
suma de todos los capítulos equivale al 10% del PIB de Euskadi
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Unos 550.000 vascos, casi uno de cada tres
mayores de 18 años, son titulares de una pensión,
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una prestación de desempleo o una ayuda
económica a cargo de las instituciones. En total,
las transferencias económicas directas (aquí no
Mujer, de 25 a 44 años, divorciada
con hijos a su cargo y residente en
están contadas la sanidad ni la educación) que
recibirán los ciudadanos inactivos de la comunidad Vizcaya
autónoma en 2007 ascenderán a una suma
aproximada de 6.400 millones de euros, lo que
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equivale al 10% del Producto Interior Bruto. Un
porcentaje que no dejará de crecer en los próximos
años, por muy bien que vaya la economía y por
mucho que crezca el empleo, a consecuencia del
inevitable aumento del número de pensionistas. La
solidaridad entre generaciones -que eso y no otra
cosa es el sistema público de pensiones- y la
garantía de una renta mínima para quien carece de
empleo y no tiene derecho a subsidio de paro ni
pensión se mide ya en sumas millonarias.
Foros
La firma, hace diez días, de un acuerdo entre el
PSE y el Gobierno vasco, encaminado a aumentar
las partidas de renta básica y ayudas de
emergencia social (AES) con el objetivo de
mejorarlas y llegar a más personas en situación de
riesgo cierto de pobreza, supone un incremento del gasto pequeño en relación con el total
de transferencias económicas que reciben los inactivos en el País Vasco. Pero es, en
cambio, una suma muy importante si se compara con el capítulo presupuestario
destinado a ese fin hasta el momento por las administraciones vascas: son 85 millones
adicionales sobre los 220 dispuestos el pasado año.
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En cualquier caso, la parte del león de las sumas que perciben cada año los inactivos
vascos se la lleva el conjunto de las pensiones de la Seguridad Social. En 2007, serán
5.500 millones de euros, que se repartirán entre los más de 480.000 perceptores que
existen en Euskadi. En su gran mayoría, son pensiones contributivas; es decir, sus
titulares han cotizado durante su vida laboral para tener derecho a esas prestaciones.
Ellos pagaron con sus cotizaciones las de sus mayores, y ahora es la generación de sus
hijos la que paga sus pensiones.
Se trata de una suma que ha crecido en los últimos años de forma notable: hace dos
décadas, para una población total en la comunidad autónoma muy similar a la actual, las
pensiones del sistema de la Seguridad Social eran poco más de 300.000. Dicho de otra
manera: el número de pensionistas ha crecido más de un 50% en veinte años. A medio
plazo, ese aumento se acelerará todavía más, hasta culminar con la jubilación entre 2020
y 2030 de la más voluminosa generación de la historia reciente: la del 'baby boom'. Y las
pensiones de jubilación son, por el volumen económico, dos tercios del total del sistema.
La suma del 10% del PIB para las pensiones y prestaciones económicas directas puede
parecer mucho, pero lo cierto es que la bonanza económica ha frenado su crecimiento. La
tasa de paro más baja en décadas ha reducido hasta menos de 50.000 el número de
perceptores de las diferentes prestaciones por desempleo, con la consiguiente rebaja de
las sumas asignadas a este fin.
CANALES
La paradoja, al menos aparente, se da en que, durante este largo período de crecimiento
sostenido y reducción del desempleo, no ha dejado de crecer el número de hogares que
han sido atendidos con la renta básica o las AES, que corren a cargo de las instituciones
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vascas. Las unidades familiares perceptoras de renta básica son casi 34.000, cuando
hace tres años estaban en algo menos de 29.000 (su importe total ha ascendido de 125 a
179 millones). Las AES se reparten entre 26.000 hogares frente a los menos de 21.000
de 2004 (el monto de la ayuda se ha elevado de 29 a 41 millones de euros) y hasta ahora
eran casi en su totalidad complementos para alquiler de vivienda que percibían los
mismos titulares de renta básica. Con el acuerdo Gobierno vasco-PSE, se producirá una
reordenación de estas ayudas, porque la renta básica tendrá un apartado específico para
vivienda.
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Entre los perceptores de renta básica hay un 25-30% de casos, explica Gema Zabaleta,
parlamentaria del PSE y una de las negociadoras del acuerdo con el Gobierno, que
presentan graves problemas de integración social: se trata de personas con adicciones al
alcohol o las drogas, que les cierran todas las puertas de un trabajo estable y dignamente
remunerado. Ellos parecen condenados a ser perceptores de esos subsidios con carácter
indefinido. «Con los demás -comenta Zabaleta-, hay que mejorar los sistemas de
inserción laboral, que es lo difícil».
Los firmantes del acuerdo son conscientes también de que la llegada de la parte negativa
del ciclo económico, que tarde o temprano se producirá, podría disparar el número de
hogares que reclamaran una percepción de renta básica, al quedar alguno o todos sus
miembros en paro y agotar el subsidio de desempleo. Manuel Vigo, viceconsejero de
Inserción Social del Gobierno vasco, explica que el sistema asistencial debe entenderse
como el último nivel de protección, porque en primer lugar deben funcionar las
prestaciones de desempleo. Con todo, si fuera necesario, «el sistema asistencial debería
ser reforzado de manera prioritaria, ya que estaría en juego la subsistencia de la
ciudadanía».
Es imposible calcular a cuánto podría ascender el coste de estas medidas en una
hipotética crisis, pero el Gobierno vasco ya ha evaluado lo que supone en las
circunstancias de hoy la elevación de la renta básica del 87 al 88% del Salario Mínimo
Interprofesional, alcanzar el 100% para algunas pensiones de mayores de 65 años y la
creación de un subsidio complementario destinado a ayudar a pagar la vivienda: 85
millones de euros anuales, lo que acarrea un crecimiento de la partida de un 39%
respecto del año anterior.
A las sumas referidas todavía habrá que añadir desde el pasado sábado las
correspondientes a algunos nuevos subsidios. Se trata de los contemplados en la Ley
Orgánica de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, que contempla la concesión de
prestaciones por maternidad a las menores de 21 años que den a luz, estén trabajando o
no y sin requisito alguno. A partir de esa edad, las madres deberán cumplir algunas
condiciones para poder percibir las prestaciones, y lo mismo sucede con las de
paternidad. Con todo, las prestaciones no supondrán un gran coste a las arcas públicas,
como queda en evidencia con un dato: en Euskadi, los madres de 20 años o menos no
llegan ni a 300 a lo largo de un ejercicio. Por ese lado, apenas se va a incrementar esa
suma de 6.400 millones de transferencias económicas directas a los inactivos en
Euskadi.
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