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GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va
Asamblea
Legislativa
1ra
Sesión
Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
R. de la C. 65
PRIMER INFORME PARCIAL
18 de abril de 2017
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO
La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, tiene el honor de
rendir ante este distinguido cuerpo legislativo su primer informe parcial sobre la R. de la
C. 65 y recomienda su aprobación.
ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resolución de la Cámara Núm. 65, tiene el propósito de ordenar a la Comisión
de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación
dirigida a evaluar la legalidad de los procesos seguidos por el Departamento de Salud de
Puerto Rico en cuanto a la promulgación de la Orden Ejecutiva 2015-010 como del
Reglamento Núm. 8766 de 8 de julio de 2016, denominado como denominado como
“Reglamento para el uso, posesión, cultivo, manufactura, producción, fabricación,
dispensación, distribución e investigación del cannabis medicinal”, con el propósito de
determinar si dichos trámites cumplieron con todos aquellos requerimientos establecidos
para salvaguardar el interés público.
ANÁLISIS DE LA MEDIDA
Durante la pasada Asamblea Legislativa, específicamente el pasado 4 de
septiembre de 2013, se radicó por miembros de la entonces mayoría, el Proyecto de la
Cámara 1362, con el propósito de reclasificar la marihuana y sus derivados de
Clasificación I a Clasificación II y así legalizar su uso terapéutico medicinal. Las
Comisiones de Salud y de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas contra el
Crimen y la Corrupción, luego de realizar 8 vistas públicas, determinaron realizar un
2
Proyecto Sustitutivo comenzando con la investigación de las capacidades terapéuticas
del Cannabis. Esto dado, según se desprende del Sustitutivo que:
“[a]unque existen ejemplos del pasado de legalización de sustancias, como sucedió
con la legalización del alcohol, luego de la prohibición en la década de los 1930 en
Estados Unidos, y los juegos de azar; en el caso del Cannabis es muy diferente ya
que el permitir su uso terapéutico seria en primera instancia como un proceso de
investigación por el cambio radical que esto implica sin conocer de forma cierta cuál
sería la dosificación correcta que debe utilizar el paciente al utilizar o procesar la
planta en su estado natural y la reacción o interacción que podría tener dicho
producto con otro medicamento que el paciente esté utilizando como tratamiento de
su condición de salud. (Exposición de Motivos del Sustitutivo al P. de la C. 1362,
Página 4)
Como resultado de la no aprobación del Sustitutivo al P. de la C. 1362, el entonces
gobernador, determinó legislar por la vía administrativa, firmando la Orden Ejecutiva
2015-10, que ordenaba a la entonces Secretaria de Salud a autorizar el uso medicinal de
algunas o de todas las sustancias controladas o componentes derivados de la planta de
cannabis.
Acto seguido, la pasada Secretaria de Salud, emitió la Orden Declarativa Núm. 32
de 17 de julio de 2015, en la que, en cumplimiento con la Orden Ejecutiva y ejerciendo las
facultades que le otorga la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada,
conocida como la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, reclasificó la planta de
marihuana y la removió de la Clasificación I a la Clasificación II. Esto con el propósito de
autorizar el uso medicinal de los componentes derivados de dicha planta.
El 28 de diciembre de 2015, el Departamento de Salud, promulgó el Reglamento
155 (Reglamento 8686 en el Departamento de Estado) para el Uso, Posesión, Cultivo,
Manufactura, Producción, Fabricación, Dispensación, Distribución e Investigación del
Cannabis Medicinal.
Este Reglamento apenas duró 7 meses vigente, cuando el 8 de julio de 2016 fue
derogado y sustituido con el Reglamento 8766 para el Uso, Posesión, Cultivo,
Manufactura, Producción, Fabricación, Dispensación, Distribución e Investigación del
Cannabis Medicinal.
Este es el reglamento es el que continúa vigente, aunque el mismo fue enmendado
el 10 de noviembre de 2016.
Esta comisión, ha realizado 3 Vistas Públicas y 3 Vistas Oculares, donde ha
recibido información y ha podido ver de primera mano el proceso vigente según regulado
por el Reglamento.
3
Así pues, la Comisión de lo Jurídico, como resultado de la investigación realizada
hasta el momento, y luego de estudiar la legislación y reglamentación vigente, así como
los memoriales explicativos presentados y las experiencias de las Vistas Oculares, lo cual
se hace formar parte del expediente, llega a los siguientes:
HALLAZGOS Y CONCLUSIONES
Este primer informe se limitará a presentar sus hallazgos en 5 áreas específicas.
Estas son:
1) Incongruencias del Reglamento vigente a disposiciones de leyes, tanto estatales
como federales
2) Análisis de los beneficios médicos, los riesgos y las investigaciones científicas
3) Hallazgos de la visita a la División de Cannabis Medicinal del Departamento de
Salud
4) Hallazgos de las visitas a los dispensarios de cannabis
5) Impacto de esta industria en los recaudos del gobierno y las medidas que está
tomando el gobierno para evitar el lavado de dinero y la evasión contributiva.
Incongruencias del Reglamento vigente a disposiciones de leyes, tanto estatales como
federales
Conforme a la sección 202 de la Ley de Sustancias Controladas Federal, la
marihuana está listada en la Clasificación I de las sustancias controladas. En la
Clasificación I de sustancias controladas, el gobierno federal incluye sustancias que
tienen un alto potencial de abuso, que no tienen un uso médico para tratamiento y que
reflejan una ausencia de seguridad para su uso bajo supervisión médica. No obstante,
sustancias en la Clasificación I, incluyendo drogas derivadas de fuentes botánicas como
la marihuana, pueden ser y son objeto de pruebas clínicas bajo la Ley Federal Food, Drug,
and Cosmetic Act (FDC), siempre que, entre otras cosas, las partes sometan de forma
exitosa una solicitud de “Investigational New Drug” (IND) a la FDA y que de forma
exitosa se registre con el Drug Enforcement Administration (DEA). Según lo hace para
otros procesos de desarrollo de nuevas drogas, la FDA trabaja con investigadores que
conducen estudios en el desarrollo de potenciales nuevas drogas derivadas de la
marihuana, reuniéndose con estos regularmente mientras estos planifican las pruebas
como parte de su “IND”. Para que la marihuana pueda ser usada en pruebas clínicas, se
requiere que el investigador someta un “IND” y se registre en la DEA.
A pesar de que continúa siendo ilegal a nivel federal, el Gobierno de los Estados
Unidos ha tolerado y ha permitido a los estados crear programas relacionados a la
producción y consumo de cannabis medicinal. En una serie de memorandos emitidos por
4
el Departamento de Justicia, se ha ordenado a los fiscales federales a no intervenir con
programas de cannabis medicinal que operan bajo un “sistema regulatorio estatal
robusto y efectivo”. Guidance Regarding Marijuana Enforcement, James Cole (14 de febrero
de 2014); (29 de agosto de 2013) y (“Memorando del 29 de junio de 2011”). Los recursos
del Departamento de Justicia Federal se han enfocado en ocho prioridades:
• Prevenir la distribución de marihuana a menores;
• Prevenir que ingresos de la venta de marihuana vayan a empresas criminales,
gangas y carteles;
• Prevenir la transportación de marihuana de estados donde es legal bajo ley
estatal en alguna forma a otros estados;
• Prevenir que actividades autorizadas por el estado relacionadas a la marihuana
se utilicen como pretexto para el tráfico de otras drogas ilegales u otra actividad
ilegal;
• Prevenir la violencia y el uso de armas de fuego en el cultivo y distribución de
marihuana;
• Prevenir que personas conduzcan bajo la influencia de la marihuana y el
empeoramiento de otras consecuencias adversas sobre la salud pública
asociadas con el uso de marihuana;
• Prevenir que crezca marihuana en terrenos del gobierno de los Estados Unidos
y los peligros correspondientes sobre la seguridad pública y el ambiente de la
producción de marihuana en dichos lugares; y
• Prevenir la posesión o uso de marihuana en propiedad federal.
Para el Gobierno Federal es imprescindible que las jurisdicciones aprueben en los
estatutos que viabilizan el cannabis medicinal un marco regulatorio claro, riguroso y
efectivo con los sistemas para minimizar la amenaza que pueda representar a la ejecución
de sus prioridades. Además, se reservan el derecho de intervenir, si a su juicio, las
jurisdicciones no establecen marcos regulatorios que cumplan con las exigencias antes
detalladas.
La regulación federal exige un estricto régimen sobre el manejo de los flujos de
efectivo que produce el cannabis medicinal. Así las cosas, han establecido guías sobre el
manejo de los recursos relacionados con las actividades financieras de la industria del
cannabis. Esas guías están dirigidas a evitar que se utilice el cannabis como una forma de
5
lavado de dinero o de pretexto para la venta de otras drogas ilegales. Guidance Regarding
Marijuana Related Financial Crimes, James Cole (14 de febrero de 2014) (“Memorando del
14 de febrero”) y Department of Treasury Financial Crimes Enforcement Network
(“FinCEN”) FIN-2014-G001 de 14 de febrero de 2014, BSA Expectations Regarding
Marihuana – Related Businesses. La industria financiera debe ejercer sus responsabilidades
de debida diligencia (“due dilligence”) con respecto a las actividades de su cliente. Así
las cosas, FinCEN emitió guías para clarificar las expectativas bajo el estatuto Bank
Secrecy Act (“BSA”) para las instituciones financieras que persigan proveer servicios a
negocios relacionados con la marihuana. Estas guías clarifican cómo instituciones
financieras pueden proveer servicios a negocios relacionados con la marihuana de forma
consistente con sus obligaciones con la Ley BSA y alinea la información provista por las
instituciones en los reportes requeridos por BSA con las prioridades estatales y federales
de perseguir el cumplimiento con la ley.
A nivel estatal, la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida
como la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, en el Art. 308 Recetas, sobre la
dispensación de las sustancias establece lo siguiente:
(a) Ninguna sustancia controlada incluida en la Clasificación II podrá
dispensarse sin receta escrita de un profesional, excepto en situaciones de
emergencia según lo disponga el Secretario de Salud por reglamento, en el cual caso
el profesional podrá dispensar la sustancia mediante receta oral la cual deberá poner
por escrito y remitir al dispensador dentro de un término de cua rentiocho (48)
horas, a partir de la hora en que el referido profesional dispense dicha sustancia.
Ninguna receta de una sustancia controlada de la Clasificación II será
dispensada por segunda vez con la misma receta. (Énfasis suplido)
Por otro lado, la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como la Ley de
Farmacias de Puerto Rico, define "Medicamento o medicina de receta" – como “aquel
medicamento que las leyes de Puerto Rico o de los Estados Unidos exigen que sea dispensado
mediante receta, el cual se dispensará por un farmacéutico en una farmacia debidamente
autorizada y registrada por el Secretario de Salud, o en el caso de los medicamentos para uso
en los animales podrá ser dispensado además, por un médico veterinario debidamente autorizado
a ejercer su profesión en Puerto Rico.” (Énfasis suplido)
Resulta necesario abundar sobre la discusión la Ley de Farmacia de PR, la cual en
su art. 1.02 de la Ley de Septiembre 3, 2004, Núm. 247, dispone:
El propósito de esta Ley [que creó este capítulo] es promover, preservar y proteger
la salud, la seguridad y el bienestar público mediante el control y reglamentación
efectivo de la práctica de farmacia y el licenciamiento, control y reglamentación de
los establecimientos y personas que manufacturan, distribuyen, dispensan y
6
expenden medicamentos y artefactos que se utilizan en el diagnóstico, tratamiento
y prevención de enfermedades en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
A tales efectos, consideramos que toda pieza legislativa y reglamentación
administrativa tiene que considerar los principios reguladores y proteccionistas de la Ley
de Farmacias, así como la rigurosidad que presenta, entre otros, en el establecimiento de
límites y parámetros para la manufactura, dispensa y control de inventario de
medicamentos.
Sobre la interacción de DACO y el Departamento de Salud (Junta de Farmacia) en
términos de sus competencias, véase DACO v. Fcia. San Martín, 175 D.P.R. 198. En
apretada síntesis DACO, regulación precios e inventarios y DS, la manufactura,
distribución y venta de los medicamentos en el recetario.
Regulación Proceso de Dispensar Cannabis Medicinal
Una de las preocupaciones generales frecuentes lo es con la prescripción médica
del cannabis medicinal. Específicamente se advierte el hecho de que los médicos solo
recomienden el uso de cannabis medicinal, pero no una cantidad exacta. Dando espacio
a que el dispensario o el paciente determinen cuánta cantidad se dispensará y el modo de
uso o consumo. Sin lugar a duda elemento indispensable en la prescripciones médicas de
medicamentos.
Tal omisión del proceso de prescripción o regulación, aumenta la posibilidad de
que la flor del cannabis sea fumada, cuando se supone que tenga fines medicinales.
Es aquí la importancia de los records producción y expedición del cannabis
medicinal de los Dispensarios. Recordemos que el artículo del 8 del Reglamento 8766
autoriza al médico a recomendar un suministro máximo de 365 días y un máximo diario
de 1.5 onzas.
Así las cosas, un dispensario que hubiera dispensado una cantidad mayor a 547.5
onzas en un periodo de 365 días estaría violando la reglamentación. Es decir, la cantidad
dispensada no puede sobre pasar la autorizada por reglamento.
En una industria altamente regulada por constituir un asunto de salud y
seguridad, tanto el diagnostico médico como la prescripción emitida deben ser clara y
específicamente determinadas por el facultativo medico autorizado.
Un análisis de ambas leyes en conjunto, demuestran que el Reglamento aprobado
por la pasada Secretaria de Salud, viola las disposiciones sobre el despacho de sustancias
controladas bajo la Calcificación II. En la actualidad, (y debido a que es Clasificada como
7
Tipo I a nivel federal), los médicos están imposibilitados de dar una receta médica para
el cannabis medicinal. Según surge de las Vistas Públicas, existen además otras razones
médicas para no recetar. Una de estas razones es, la falta de más estudios científicos para
determinar con precisión la dosis y concentración y tipo de cannabinoides que debe ser
recetado para las condiciones específicas del paciente. Otra razón es que debido a la poca
información y al todavía ser una medicina experimental, muchos médicos no recetan,
para evitar posibles demandas por impericia médica, al desconocer los posibles efectos o
reacciones del cannabis al interactuar con otros medicamentos.
La Ley de Sustancias Controladas exige que una Sustancia bajo la Clasificación II
sea recetada. Además, dicha sustancia no puede ser despachada en más de una ocasión
con la misma receta. En la actualidad, el Reglamento solo requiere para el despacho del
Cannabis Medicinal, una “recomendación médica”, la cual será vigente por un año, por
lo cual se le puede despachar cannabis medicinal a un paciente varias veces con la misma
“recomendación médica”.
No seguir los parámetros legales establecidos, aumenta el riesgo de que se cree
“un mercado negro” alrededor de esta industria ante la falta de controles, lo que incluso
podría llevar a un “problema de salud pública”.
De igual modo, se presenta la inquietud con el hecho de que en esta industria todo
el dinero que fluctúa es en efectivo, y existe una negativa de los bancos de aceptar cuantas
con el capital producido. Al presente se conocen de solo dos cooperativas que abrieron
cuentas a los dispensarios actuales.
Estas situaciones requieren que cualquier pieza legislativa y reglamentación
administrativa considere la rigurosidad de la prescripción médica, así como el aspecto
financiero o bancario de los dispensarios.
Estableciendo que toda sustancia bajo la Clasificación II tiene que ser despachada
con una receta, la Ley 247-2004 establece que solo un farmacéutico en una farmacia
debidamente autorizada y registrada por el Secretario de Salud puede dispensar
medicamentos que requieran de una receta. Por reglamento y en violación a las leyes
antes mencionadas, la pasada Secretaria autorizó la dispensación de una sustancia bajo
la Clasificación II por personas y desde lugares no autorizados.
Análisis de los beneficios médicos, los riesgos y las investigaciones científicas
Existe un debate sobre los beneficios y los riesgos de la utilización del cannabis
medicinal y sobre las investigaciones y la necesidad de mayor investigación. En lo que
todos están de acuerdo es en brindarles a los pacientes las herramientas para tratar sus
condiciones y controlar su dolor.
8
Los que apoyan el uso de la marihuana hablan sobre los beneficios que tiene como
analgésico y como paliativo en las dolencias de pacientes que se someten a tratamientos
de quimioterapia o radiaciones, mientras que algunos enfatizan que la ciencia aún debe
probar que el uso de la droga es seguro.
Los productos derivados del cannabis podrían tratar un sinnúmero de
enfermedades, desde el glaucoma, VIH/SIDA a la esclerosis múltiple1, podría también
podrían ser amenazas para el corazón, pulmones y cerebro2.
La “Drug Enforcement Agency” (DEA) considera la marihuana bajo la categoría I
de sustancias controladas, lo que significa que tiene un alto potencial de generar adicción,
no tiene un uso médico aceptado y su consumo no es considerado seguro.
La postura de la DEA ha hecho difícil para los científicos llevar a cabo
investigaciones y pruebas clínicas sobre la droga. En 2009, la American Medical
Association (AMA) exhortó al gobierno a revisar la clasificación de la marihuana con “el
objetivo de facilitar las investigaciones médicas y el desarrollo de medicinas basadas en
el cannabis.
En los últimos tres años, más de seis mil (6,000) estudios sobre el cannabis han sido
publicados en revistas científicas, de acuerdo con la National Organization for Reform of
Marihuana Laws (NORML), una organización que trabaja para legalizar la marihuana.
La mayor parte de las investigaciones se han enfocado en los efectos de la planta
en el sistema endocanabinoide, el sistema endógeno que reconoce los principios activos
del cannabis. Éste se encuentra distribuido en el sistema nervioso central y ha despertado
la curiosidad de los investigadores, cuyos recientes estudios apoyan la idea de que el
sistema endocanabinoide desempeña un papel muy importante en el procesamiento de
ciertos neurotransmisores.
El sistema endocanabinoide actúa como un puente entre la mente y el cuerpo,
ayudando a diferentes tipos de células a comunicarse. Nuestro cuerpo produce químicos
que causan un efecto similar al de la droga en el cuerpo, de acuerdo con el “National
Cancer Institute”. El principal ingrediente psicoactivo en la marihuana, el
Tetrahydrocannabinol o THC, trabaja en la misma forma que esos químicos naturales.
1
Haney M, Gunderson EW, Rabkin J, Hart CL, Vosburg SK, Comer SD, Foltin RW. Dronabinol and marijuana in
HIV-positive marijuana smokers. Caloric intake, mood, and sleep. J. Acquir. Immune Defic. Syndr. 2007; 45(5):
545-554.
2 Marijuana Use and Cardiovascular Disease. Cardiol Rev. 2016 Jul-Aug;24(4):158-62. doi:
10.1097/CRD.0000000000000103.
9
La FDA ha aprobado el uso de dos medicinas sintéticas con cannabinoides usadas
en pacientes con nauseas extremas (severas): dronabinol y nabilone. Otra, Sativex, se
encuentra en la fase III de las pruebas clínicas para el tratamiento del dolor por cáncer.
Una serie de ensayos publicados por el Centro para la Investigación Médica sobre el
cannabis en la Universidad de California mostraron que (componentes de) esta planta
puede ayudar a los pacientes que sufren de dolor neuropático, comúnmente causado por
enfermedades degenerativas como esclerosis múltiple o fibromialgia. El dolor
neuropático también es un efecto secundario común de la quimioterapia o la radiación.
Los participantes en el estudio sobre el cannabis reportaron una disminución del
30% al 40% en el dolor comparado con el 17% al 20% visto en pacientes que recibieron un
placebo. Otro estudio, publicado en el British Medical Journal en febrero encontró una
menor prevalencia de la diabetes tipo II en personas que consumen marihuana. Con base
en los resultados, los investigadores consideraron la hipótesis de que el cannabis
disminuye el riesgo de diabetes debido a sus propiedades antiinflamatorias.
Con todo y sus beneficios potenciales, el cannabis no debe ser visto como una
sustancia inofensiva, de acuerdo con la NORML.
Los componentes activos de la droga “pueden producir una variedad de efectos
psicológicos y eufóricos”, señala en el sitio web la organización. “Como resultado, podría
haber grupos que sean más susceptibles a los riesgos”.
El National Institute on Drug Abuse (NIDA) afirma que la marihuana causa un
incremento en el ritmo cardiaco, lo que podría poner en riesgo de sufrir un infarto a
quienes la consumen. El humo de la marihuana también contiene cancerígenos similares
a los de un cigarro.
Un estudio publicado en 2011 en el Journal Addiction3 encontró que la marihuana
tiene un efecto adverso a largo plazo en el aprendizaje y la memoria. En el estudio, los
autores observaron durante ocho años a cerca de 2,000 adultos australianos, de entre 20
a 24 años.
Otro estudio similar dado a conocer en Nueva Zelanda este año confirma el efecto
en adolescentes que hayan consumido marihuana por largos periodos. Los
investigadores encontraron que los adolescentes que fumaron marihuana al menos
cuatro días a la semana perdieron un promedio de ocho puntos de coeficiente intelectual
3
Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife,
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1206820109
10
entre los 13 y los 38 años. Los adultos que fumaron cuando eran adolescentes suelen
mostrar un mayor déficit en la memoria y en su capacidad de concentrarse4.
Los cerebros de los niños y adolescentes se encuentran en desarrollo, lo que podría
ser la razón de que sean más vulnerables a los efectos de las drogas.
Las personas que provienen de una familia con antecedentes de enfermedades
mentales también se encuentran en mayor peligro por los efectos de la droga. Numerosos
estudios han relacionado el uso crónico de la marihuana con el incremento en los niveles
de ansiedad, depresión y esquizofrenia, según el National Institute on Drug Abuse
(NIDA).
Y un estudio más reciente publicado en el American Journal of Addictions mostró
una asociación entre el consumo de marihuana por adolescentes y un incremento en el
riesgo de mostrar comportamiento antisocial como adultos.
Los expertos señalan que se necesitan más investigaciones para determinar los
beneficios verdaderos de la marihuana y sus efectos a largo plazo, tanto si es usada de
formal recreativa o para propósitos médicos.
En su ponencia sobre el P. de la C. 818, y que es pertinente a esta investigación, al
hablar a nombre del rector interino del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la
Universidad de Puerto Rico (UPR), Ramón F. González García, el profesor José F.
Rodríguez Orengo indicó que “el cannabis medicinal debe ser la última opción” de
tratamiento, luego de haber intentado infructuosamente otras alternativas para tratar
alguna condición de salud.
Entre sus recomendaciones, figuró la inclusión de un médico, un dentista y un
farmacéutico en el organismo rector y la asignación de un ente regulatorio para evaluar
los resultados de los laboratorios y que estos sean consistentes con los estándares
federales (“FDA”) para el análisis de este tipo de producto. Además, que sea prioritario
el desarrollo del componente académico, investigativo y de desarrollo en lo que concierne
al RCM, en un esfuerzo conjunto con el Departamento de Salud; que los productos deben
contar con controles como los de los productos farmacéuticos y el uso de personal de la
Escuela de Medicina y la Escuela de Farmacia de la UPR para orientar a la Junta
Reglamentadora.
Por su parte, (el cardiólogo Dr.)César A. Vázquez Muñiz, sobre la misma medida,
, cuestionó si el cannabis medicinal es un medicamento bonafide para tratar las
4
AACAP Medical Marijuana Policy Statement
http://www.aacap.org/AACAP/Policy_Statements/2012/AACAP_Medical_Marijuana_Policy_Statement.aspx
11
condiciones establecidas por reglamento y añadió que el mismo no establece una
dosificación específica para tratar las condiciones autorizadas.
Por tal motivo, sugirió posicionar el cannabis en el contexto de una investigación
legítima de acuerdo a los estándares de la Food and Drug Administration (FDA) y del
Drug Enforcement Administration (DEA).
El galeno aclaró que favorece el uso de formulaciones (procesadas y
estandarizadas) de los compuestos del cannabis, no así el uso de sus componentes secos
(flor), pues no es posible dosificar adecuadamente a los pacientes cuando no puede
mantenerse un control sobre la cantidad (ingerida) y porque los efectos de la quema o
combustión del cannabis son nocivos a la salud pulmonar y cardiovascular.
La licenciada Ellyam Martínez González, certificada en Desórdenes Adictivos y
Salud Mental, catalogó el cannabis como “potencialmente adictivo y contraproducente al
sano desarrollo de las personas” y advirtió que “si queremos hablar de medicamentos y
tratamientos para pacientes, tenemos que comenzar a cambiar el vocabulario a
(cannabinoides) purificados”, pues los fármacos elaborados a partir de estas sustancias ,
purificados, estandarizados y dosificados.
Hallazgos de la visita a la División de Cannabis Medicinal del Departamento de Salud
El jueves 16 de marzo de 2017, el personal de la Comisión de lo Jurídico, tuvo la
oportunidad de entrevistar y tener acceso a los documentos y expedientes que obran en
la División de Cannabis Medicinal en el Departamento de Salud. Como resultado de la
visita, se encontraron los siguientes hallazgos:
• No existe un control sobre los Expedientes que obran en la división sobre las
diferentes licencias relacionadas al Cannabis Medicinal.
✓ No tienen número de control;
✓ no hay hoja de cotejo de que el expediente contenga todos los
documentos;
✓ no hay una persona designada como custodia de los documentos;
✓ no hay un sistema para mantener control de los expedientes que se sacan
del archivo;
✓ no están resguardados bajo llave;
12
✓ no hay uniformidad en los expedientes de la división, están en las
carpetas que someten los solicitantes;
✓ la totalidad de los documentos requeridos a los solicitantes se encuentran
dispersados en varias carpetas.
✓ En el expediente del “Family Dispensary” en Bayamón, obra una nota
del Inspector de que el permiso de uso no era el adecuado y una
contestación del abogado del dispensario. No obra comunicación de la
Comisión Evaluadora o de la persona que otorga la certificación final
adjudicando la controversia.
• No existen, o al menos no nos pudieron proveer copia de reglamentos,
manuales o procedimientos internos establecidos para realizar las funciones
del personal.
• No existen, o al menos no nos pudieron proveer copia de las hojas de deberes
del personal.
• No se le ha provisto al personal, específicamente a los inspectores, con los
adiestramientos necesarios para realizar sus funciones.
• No tienen protocolos establecidos para las inspecciones a los dispensarios,
laboratorios, manufacturas y centro de distribución.
✓ Esto es preocupante, pero más aún en la manufactura, donde no cuentan
con el personal para fiscalizar y corroborar el cumplimiento con los
estándares de calidad en la manufactura.
✓ Aún no han realizado una inspección a dichas facilidades.
• La División de Cannabis no cuenta con el equipo necesario para realizar sus
labores.
✓ No cuentan con suficientes computadoras para el personal;
✓ No tienen vehículos oficiales para realizar las inspecciones, forzando a
que tengan que usar sus vehículos personales, lo que pone en riesgo su
seguridad;
13
✓ El sistema de banda ancha es insuficiente para la carga de trabajo diaria,
lo cual dificulta sus labores;
✓ Los teléfonos no le permiten hacer llamadas a números con códigos de
área fuera de Puerto Rico, imposibilitando la comunicación con personas
que, aun siendo residentes de Puerto Rico, tienen números de teléfonos
con código de área de otros estados.
✓ No tienen un sistema de registro de licencias para pacientes, médicos y
ocupacional. Los registros los están realizando en Excel.
o Lo que significa que no hay controles sobre quienes modifican los
registros.
✓ El sistema que utilizan para imprimir las tarjetas de identificación es uno
prestado del Departamento de Obras Públicas.
o El mismo no ha sido configurado a las necesidades del Departamento
de Salud, por lo cual, si un solicitante tiene multas de tránsito, deudas
de ASUME, algún error en la dirección que aparece en el Sistema
DAVID +, o no posee licencia de conducir o identificación provista
por el DTOP, no puede adquirir su licencia de Cannabis hasta que
cumpla con el DTOP.
o No cuentan con el personal para la impresión de tarjetas. Las
secretarias de la división han tenido que asumir esta tarea.
o No cuentan con las impresoras necesarias para atender la demanda
diaria de impresión de licencias.
✓ No cuentan con la seguridad necesaria en el área de impresión de
licencias.
• La División de Cannabis no cuenta con un sistema de rastreo “seed to sale”.
✓ No tienen constancia en tiempo real de los inventarios disponibles de
cannabis en los dispensarios.
✓ Solo reciben informes trimestrales de inventario.
• No está constituida la Comisión Evaluadora.
14
✓ No hay constancia del proceso de evaluación utilizado para la adjudicación
de las licencias.
En la Vista Pública sobre la R. de la C. 65, la administradora de la Administración
de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Susan Roig Fuentes, declaró
la necesidad de que la División para el Control de Drogas y Narcóticos vuelva a ser parte
de la Oficina de Organismos Reguladores de la entidad que representa, a fin cumplir a
cabalidad con el deber ministerial de fiscalizar e investigar todo lo relacionado al cultivo,
fabricación distribución y dispensación del cannabis medicinal en Puerto Rico.
La funcionaria aseguró que ASSMCA tiene la estructura organizacional para
atender dicho asunto y la vigilancia de recetas de medicamentos controlados, entre otros.
Es nuestra conclusión que permitir que la misma oficina que otorga las licencias y tenga
al mismo tiempo la función de supervisarlas y fiscalizarlas, puede crear un conflicto de
interés.
Roig Fuentes señalo además que al presente, la división que está adscrita al
Departamento de Salud está prácticamente inoperante. Estableció que: “[n]o se está
fiscalizando el desvío de sustancias controladas para uso médico en Puerto Rico. Mientras
la División estuvo bajo ASSMCA, ésta imponía multas, sanciones administrativas y
fiscalizaba todo lo establecido por ley en un tiempo récord, para evitar que los ciudadanos
no consuman sustancias controladas”.
Hallazgos de las visitas a los dispensarios de cannabis
La Comisión de lo Jurídico realizó dos Vistas Oculares a dispensarios de cannabis
medicinal. La primera visita se realizó el pasado 10 de marzo al Family Dispensary en
Bayamón y la segunda el 21 de marzo al The Health Clinic (THC) en Barceloneta.
Durante la visita al Family Dispensary en Bayamón pudimos observar que la
variedad de productos disponibles para la venta era bien limitada, que la mayoría de las
ventas consistían de la venta de la flor del cannabis.
Además pudimos observar que el permiso de uso era para la dispensación de
productos de primera necesidad y no para cannabis medicinal. A tenor con esta
observación queremos aclarar y presentar el marco legal vigente sobre lo que son los
productos de primera necesidad, veamos:
Concepto de “Artículo de Primera Necesidad”
15
Una de las primeras interrogantes que surge es sí el cannabis medicinal es o debe
ser considerado como un artículo de primera necesidad. Además evaluar la
reglamentación existente dirigida a fiscalizar los artículos de primera necesidad según
definidos en diversos cuerpos reglamentarios, todos con diferentes propósitos.
De un análisis del concepto o término artículo de primera necesidad observamos
que el mismo presenta varias acepciones o variantes dependiendo el asunto específico
que se analice.
En término de las regulaciones del Departamento de Asuntos del Consumidor
(DACO) tiene unas acepciones diferentes a las conferidas en el tema de permisos de uso
ante OGPE y/o Municipios Autónomos.
A. Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)
En el contexto de la fiscalización que lleva a cabo DACO sobre los asuntos de los
consumidores se observa que la agencia trabaja con dos reglamentos pertinentes al tema
que nos concierne, a saber:
1. REGLAMENTO SOBRE CONTROL DE PRECIOS PRODUCTOS
MEDICINALES (#3707)
“La Ley Núm. 228 del 12 de mayo de 1942, según enmendada en el año 1971,
declara artículos de primera necesidad a las medicinas y especialidades
farmacéuticas y faculta al Secretario de Asuntos del Consumidor para
controlar, fijar, reglamentar o en alguna forma intervenir con el precio de las
medicinas que se venden en Puerto Rico.
El alto precio de las medicinas es parte de la compleja situación del cuidado de
la salud en Puerto Rico que incluye además, entre otros, los servicios médicohospitalarios públicos y privados y los seguros médicos. El control de precios
de los productos medicinales debe formar parte de la política pública sobre
salud. Para mantener dentro de límites razonables el alza en los precios de los
renglones de consumo más vitales del consumidor puertorriqueño, y conforme
a los poderes concedidos bajo las Leyes Núm. 5 del 23 de abril de 1973 y Núm.
228, supra, según enmendadas y la Núm. 148 del 27 de junio de 1968, se emite
la presente Enmienda Núm. 1 al Reglamento de Precios Núm. 37.”5
5
REGLAMENTO DACO NUMERO 37; REGLAMENTO SOBRE CONTROL DE PRECIOS PRODUCTOS MEDICINALES
(#3707); ASUNTO - CONTROL DE PRECIOS DE PRODUCTOS MEDICINALES
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Mientras que la Sección I de dicho reglamento nos indica específicamente el
propósito;
SECCIÓN 1 - PROPÓSITO DE ESTE REGLAMENTO Este reglamento autoriza
al Secretario a fijar los precios máximos de venta de productos medicinales al
nivel de distribuidores primarios, droguerías y farmacias. Los productos
medicinales sujetos a control de precios serán - 1) los de mayor volumen de
venta al consumidor en Puerto Rico, según la mejor información disponible en
poder del Secretario; 2) los usados en el tratamiento de enfermedades crónicas;
3) los usados por personas de mayor edad e infantes ó 4) los productos
análogos a cualquier producto con precio máximo de venta fijado. El Secretario
podrá emitir órdenes de precios indicando los precios máximos de venta de
productos medicinales que cumplan con cualquiera de estos criterios. Precios
más bajos que los máximos establecidos podrán ser ofrecidos, cobrados y
pagados. Además, este reglamento impone obligaciones a todos los niveles de
distribución en la venta de todo producto medicinal.6
Por otro lado, dicho reglamento define un producto medicinal de la siguiente
manera;
(e) Producto Medicinal - Preparación farmacéutica simple o compuesta, de
origen animal, mineral o vegetal, natural o sintética para uso externo o interno
en el cuerpo humano en la prevención, alivio y tratamiento de enfermedades,
síntomas patológicos, deficiencias nutritivas o cualquier anormalidad o
desajuste funcional u orgánico. Incluye los remedios usados para bajar de peso,
evitar la procreación o de alguna manera alterar, inhibir o estimular
condiciones, funciones o procesos fisiológicos. Esta definición abarca sólo
medicinas o drogas de receta sean exclusivas o genéricas.7
Como podrá observarse el propósito de este reglamento es el control de precios
de los productos medicinales debe formar parte de la política pública sobre salud. Para
mantener dentro de límites razonables el alza en los precios de los renglones de consumo
más vitales del consumidor puertorriqueño.
De igual modo, resulta interesante que el reglamento 37, además de definir a
quienes el Departamento puede fiscalizar, droguería, farmacias, distribuidores, entre
otros, en términos de productos medicinales nuevos nos indica que cualquier
distribuidor primario o su representante autorizado que desee introducir al mercado un
6
REGLAMENTO DACO NUMERO 37; REGLAMENTO SOBRE CONTROL DE PRECIOS PRODUCTOS MEDICINALES
(#3707); SECCIÓN 1 - PROPÓSITO DE ESTE REGLAMENTO
7
REGLAMENTO DACO NUMERO 37; REGLAMENTO SOBRE CONTROL DE PRECIOS PRODUCTOS MEDICINALES
(#3707); SECCIÓN 2 – DEFINICIONES, INCISO (E)
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producto medicinal nuevo, similar o igual en su composición a cualquiera de los ya
reglamentados, deberá notificar al Secretario el nombre del producto y el precio de venta
sugerido, con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha en que se 4 ofrecerá
a la venta tal producto medicinal. El Secretario podrá emitir una Orden fijándole precio
máximo de venta al mismo.
Además nos define el distribuidor primario como- (h) Distribuidores Primarios La fábrica o laboratorio de productos medicinales o su representante autorizado que
vende a droguerías, o a farmacias, o a ambas. Incluye las droguerías que importen
medicinas directamente del mercado exterior.
1. REGLAMENTO PARA LA CONGELACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS DE
LOS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA ((#6811)
Artículo 2. Propósito
Este Reglamento tiene el propósito de proteger al consumidor de los efectos de los
trastornos económicos y sociales que se pueden suscitar en situaciones de
emergencias. Estas disposiciones normativas constituyen, entre otras cosas, un
instrumento para evitar la especulación y el acaparamiento relacionado con
productos de primera necesidad y, además, un mecanismo para ayudar que
nuestra economía y sociedad retornen a la normalidad a la brevedad posible.
Artículo 3. Alcance
Este Reglamento establece un mecanismo rápido para implantar programas de
asignación de abastos, y de congelación y/o fijación de precios en todos los niveles
de distribución y mercadeo de productos. Incluye sin limitarse a los importadores,
distribuidores, intermediarios, representantes, mayoristas, detallistas, y los
respectivos representantes de todos los anteriores, que vendan, alquilen o
arrienden artículos de primera necesidad, según definido en este Reglamento.
Artículo 5. Artículos de Primera Necesidad
Para efectos de este Reglamento se declaran artículos de primera necesidad
todo producto, servicio, material, suministro, equipo y cualquier artículo del
comercio que sea objeto de venta, arrendamiento o alquiler y que su consumo o
uso es necesario para el consumidor como resultado de una situación de
emergencia. Se excluye de esta declaración los servicios profesionales.
Además se consideraran artículos de primera necesidad todos los bienes y
servicios, profesionales o no profesionales, necesarios para la restauración,
reparación y suministro de las necesidades y daños ocasionados por cualquier
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situación de emergencia así declarada por el Gobernador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
Entre los artículos de primera necesidad en situaciones de emergencia
establecemos las siguientes clasificaciones:
A. Materiales de Construcción - Todo bien, articulo y materiales necesarios
para llevar a cabo una obra de construcción o reparación.
B. Alimentos - Toda sustancia animal, vegetal y/o mineral en su estado
natural o procesado que se puede utilizar para el consume humano, sin
distinción de empaque.
C. Combustible-Todos.
D. Equipos - Todo artefacto mecánico y/o hidráulico y/o eléctrico y sus
accesorios.
E. Medicinas - Toda medicina y especialidad farmacéutica, según son
definidas en la Ley de Farmacia de Puerto Rico. (Ley Núm., 282 de15
de mayo de 1945, según enmendada).
F. Otros - Todo otro producto o servicio no incluido en las anteriores.
El alcance y propósito de esta reglamentación es congelar precios en casos de
emergencia nacional de artículos de primera necesidad según definidos. Nótese que esta
definición no es taxativa sino números apertus con el propósito de poder incluir
productos o servicios según la situación de emergencia lo amerite.
En cuanto al término de artículo de primera necesidad observamos que dicho término
es utilizado para definir o delimitar los productos y servicios que desde la perspectiva de
fijación de precio e inventario el Departamento de Asuntos de Consumidor fiscaliza. En nada
está relacionado con los criterios que utiliza un Municipio autónomo en al evaluar una
actividad comercial propuesta para la expedición de un permiso de uso.
Ambos reglamentos están dirigidos a la estabilización de precios; la prevención del alza
especulativa, injustificada y anormal de precios; la eliminación y prevención de beneficios
excesivos, el acaparamiento, la manipulación, la especulación y otras prácticas destructivas
resultantes de las anormales condiciones del mercado, así como la escasez causada por la
emergencia nacional.
De ningún modo, los referidos reglamentos tienen como propósito emitir licencias o
permisos relacionados al uso o actividad comercial de una persona natural o jurídica, facultad
únicamente conferida a la oficina de Gerencia de Permiso (OGPE) o los Municipios Autónomos
que posean un Convenio de Transferencia de Facultades de la Junta de Planificación y OGPE al
Municipio. Tal es el caso de Municipio de Bayamón.
Sobre la interacción de DACO y el Departamento de Salud (Junta de Farmacia) en
términos de sus competencias, véase DACO v. Fcia. San Martín, 175 D.P.R. 198. En apretada
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síntesis DACO, regulación precios e inventarios y DS, la manufactura, distribución y venta de los
medicamentos en el recetario.
A tales efectos cabe preguntar cuál es la actividad comercial de un dispensario
de Cannabis Medicinal.
En el contexto del Cannabis Medicinal la actividad comercial autorizada por el
Departamento de Salud (Estado) es la que otorga o establece la licencia expedida de
conformidad con el Reglamento 8766 sobre Cannabis Medicinal.
Este Reglamento define la actividad comercial de un establecimiento de cannabis
medicinal como un establecimiento de cultivo, dispensario, manufacturero de productos
de Cannabis Medicinal infundido, o un laboratorio independiente de pruebas de
Cannabis Medicinal autorizados. Artículo 5, inciso 31, Reglamente 8766.
Además confiere alrededor de nueve licencias que establecen una actividad
comercial, ya sean realizadas en conjunto o de manera independiente.
A tales efectos, cualquier persona natural o jurídica que interese incursionar e
integrarse a esta industria tiene la obligación de cumplir con las disposiciones del
Reglamento 8766, así como con las regulaciones de índole territorial comercial como
cualquier otro negocio.
Ejemplo; ¿Qué necesito saber antes de comenzar a establecer cualquier negocio?
1. Verificar que el uso sea permitido conforme a la calificación del predio
2. Permiso de Uso otorgado por la OGPE, Personal Autorizado o Municipio
Autónomo con Jerarquía V
3. Pertenecer al Registro de Comerciantes (en Comercio y Exportación)
4. Pertenecer al Registro de Comerciantes (Hacienda/IVU)
5. Tener una Patente Municipal
6. Poseer una Cuenta Comercial
7. Contar con el Seguro Social Patronal
8. Poseer un Número de Cuenta Patronal
9. Otros:
Por lo que la expedición de una licencia un establecimiento de cannabis medicinal
no es garantía de que las demás agencias o instrumentalidades otorgaran el debido
permiso conforme a sus propias regulaciones.
Desde el punto de vista de un municipio al expedir permiso de uso puede ejercer
el derecho que le brinda el Art. 2.004 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A.
sec. 4054, el cual facultó a los municipios para “ordenar, reglamentar y resolver cuando
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sea necesario o conveniente para atender las necesidades locales y para su mayor
prosperidad y desarrollo”. También se les facultó para crear la política, las estrategias y
los planes dirigidos a ordenar su territorio y a la conservación de sus recursos.
No hay duda que las controversias que se presentan o que se derivan de la
situación con Family Dispensary son noveles. Nuestro país no cuenta con precedentes
que nos permitan un marco de acción claro para los dispensarios, agencias
gubernamentales y municipios. Es sobre la marcha que se atenderán las discrepancias en
las regulaciones existentes en el asunto del cannabis medicinal. Sin embargo hay que
dejar claro que la Industria del Cannabis es una altamente reglamentada, los intereses
que se buscan proteger son la salud y la seguridad de los participantes y de la ciudadanía
completa.
Finalmente, el propio Reglamente 8766 en su artículo 18 establece unas
prohibiciones categóricas que al presente su implementación y fiscalización podría ser
poco efectiva. Es ahí donde incluso, los Municipios en sus procesos de permiso de uso
pudieran evaluar ciertos cumplimento con el Reglamento 8766 relacionadas al uso y
ubicación del establecimiento comercial antes de expedir el correspondiente permiso de
uso.
Por ejemplo el reglamento 88478 en el Articuló 18, inciso A, sub inciso 19 prohíbe
la ubicación de un establecimiento de cannabis medicinal a 100 metros de una escuela
activa, un centro preescolar o centro de cuido de niños.
Pudimos observar que no se cobraba I.V.U. en productos tributables. Además, que
el único método de pago disponible era en efectivo. Debemos tener en consideración que
el I.V.U se debe cobrar al instante de hacer una transacción de venta o uso si el bien o
servicio no está exento.
Impacto de esta industria en los recaudos del gobierno y las medidas que está tomando
el gobierno para evitar el lavado de dinero y la evasión contributiva
En la actualidad, el cannabis medicinal que se vende en los dispensarios no paga
I.V.U., por lo cual los recaudos producto de la operación de los mismos son mínimos.
Incluso, de una de las visitas realizadas a los dispensarios, pudimos observar que la
compañía visitada, no cobraba el Impuesto de Ventas y Uso en productos que debía de
hacerlo como en los alimentos preparados como galletas, bizcochos o en la parafernalia
para el uso del cannabis como pipas, cargadores, inhaladores y otros.
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Enmiendas al Reglamento del secretario de Salud, 8766 para el Uso, Posesión, Cultivo, Manufactura, Fabricación,
Dispensación, Distribución e Investigación del Cannabis Medicinal.
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Además, están en violación a la Ley 42-2015, que establece el requisito de ofrecer
al consumidor al menos dos métodos alternativos de pago y que uno de ellos debe ser
por tarjeta de crédito/debito. Esta industria, por motivo de no ser avalada a nivel federal,
enfrenta limitaciones para realizar transacciones bancarias con tarjetas de crédito/debito,
al igual que con otros métodos de pago, como cheques o giros.
Debido a que esta industria es un negocio donde todas las transacciones se realizan
en efectivo, con limitaciones a dónde pueden depositar el dinero, crea la preocupación
sobre la capacidad del gobierno de poder validar que las ventas reportadas del negocio
sean las reales y que este negocio no se preste para lavar dinero del narcotráfico o de
alguna otra procedencia ilícita, o que por el otro lado, que se preste a manipulaciones
para subestimar las ganancias y así evitar el pago de contribuciones sobre ingresos, I.V.U
(cuando aplique) y patentes.
Aún se desconoce el impacto de esta industria en el fisco. Estimados oficiales del
Departamento de Hacienda fluctúan entre $14 millones hasta $100 millones. Para
alcanzar el máximo de la proyección de ingresos por concepto del I.V.U., asumiendo un
consumo promedio por paciente de $300 mensuales, tendrían que haber 241,565 pacientes
activos. Las ventas totales en los dispensarios tendrían que alcanzar los $870 millones.
En la actualidad, solo hay 6,000 pacientes, de los cuales menos de 3,000 tienen sus
licencias activas. Asumiendo que los 6,000 pacientes lograran completar el proceso y
pudieran comprar cannabis medicinal, los ingresos de I.V.U. serían de apenas $2,484,000
por año fiscal.
Asumiendo que se logre duplicar el número de pacientes activos y se alcance la
cifra de 12,000 en este año fiscal, los recaudos de I.V.U. serian de $4,968,000. O sea, menos
de $5 millones.
RECOMENDACIONES
Luego de haber analizado los hallazgos de nuestra investigación, se hacen
las siguientes recomendaciones:
Recomendar al Departamento de Salud de Puerto Rico a establecer una moratoria
en la otorgación de cualesquiera de las licencias contempladas en el Reglamento Núm.
8766 de 6 de agosto de 2016, según enmendado, conocido como el “Reglamento para el
uso, posesión, cultivo, manufactura, fabricación, dispensación, distribución e
investigación del Cannabis Medicinal”, hasta en tanto y en cuanto no se refrende
legislación, que expresamente instaure un marco legal adecuado y riguroso en la Isla que
atienda todo lo referente a la industria del denominado “cannabis medicinal”.
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Que se prohíba la venta y distribución de la flor, comúnmente conocida como
“moña”, de la planta cannabis sativa y solo se permita la utilización de “cannabionoides
cannabinoides purificados, sintetizados estandarizados y dosificados en cápsulas,
tabletas, cremas, inhaladores vaporizadores, supositorios, parchos y gotas sublinguales,
no fumadas. Que se establezca una dosificación máxima en miligramos por día de 150
mg de THC. Que sólo se pueda dispensar 30 días máximo cada mes. Que se prohíban
los comestibles que contengan THC. Que se prohíba la administración de THC a
menores de 21 años.
Que se traslade la División para el Control de Drogas y Narcóticos, actualmente
adscrita a la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, a la ASSMCA;
otorgándole la jurisdicción exclusiva para fiscalizar todo lo relacionado al uso, posesión,
cultivo, manufactura, fabricación, dispensación, distribución e investigación del cannabis
medicinal, de acuerdo a lo contemplado en el Reglamento 8766 de 8 de julio de 2016,
según enmendado, o en cualquier otro reglamento sucesor que pudiera promulgarse
eventualmente.
Que se tomen las medidas necesarias para darle a la División de Cannabis
Medicinal, las herramientas y los equipos necesarios para que puedan ejecutar sus
funciones.
Que el Departamento de Hacienda, la Oficina de Instituciones Financieras,
COSSEC y cualquier otra agencia concernida, tome las medidas necesarias para evitar el
lavado de dinero y la evasión contributiva.
Dicho esto, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto
Rico, tiene a bien presentar su Primer Informe Parcial en cumplimiento con lo ordenado
mediante la Resolución de la Cámara 65.
RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,
Hon. María M. Charbonier Laureano
Presidenta
Comisión de lo Jurídico